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La comunicación analiza el devenir de la legislación estatal para la recuperación de la memoria histórica, con especial énfasis en la vigente Ley de Memoria Democrática, y sus repercusiones sobre el Departamento de Referencias del Centro Documental de la Memoria Histórica, que integra el Archivo General de la Guerra Civil Española.

La comunicación comienza reconstruyendo la evolución de la normativa de reparación a las víctimas de la Guerra Civil en paralelo a la evolución de la legislación concerniente al Centro Documental de la Memoria Histórica y como reverso de las disposiciones represivas que generaron su acervo documental.

En un segundo apartado se analiza la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática en relación con los archivos y la garantía de derechos, especialmente en lo tocante al reconocimiento de las víctimas y a procesos como la recuperación de la nacionalidad.

Por último, un tercer bloque se centra en las repercusiones de esta disposición sobre el Centro Documental, bien en aspectos relacionados con las referencias (demanda social, acceso a la documentación y reprografía); bien en otros ámbitos (descripción, digitalización y difusión).

Se cierra con un balance que pretende acercarse a la realidad de la función social del Centro Documental como ejemplo de archivo para la garantía de unos derechos ciudadanos y propone mejoras para complementar las deficiencias de la norma legal en el campo de los archivos.

A lo largo de 2024 el Archivo General de la Nación de Perú ha estado en inminente peligro. 150 millones de documentos, los más antiguos del s. XVI, estuvieron a punto de ser traslados a un depósito industrial en condiciones de riesgo y precariedad. El colectivo AGN no se va, liderado por un grupo de historiadores/as ha permitido movilizar a la sociedad civil en defensa de su patrimonio archivístico y evitar ese traslado. A pesar de ello, el peligro persiste porque el AGN no cuenta con un local propio

El Archivo General de la Nación de Perú custodia la memoria histórica de todos los peruanos; más de 150 millones de documentos que son fundamentales para entender nuestro pasado y nuestro presente como nación. Esta documentación es consultada a diario por cientos de personas y reviste gran importancia para la ciudadanía porque resguarda los derechos de todos: registros notariales de herencias y propiedades, registros de ingreso de inmigrantes (para trámites de doble nacionalidad), derechos comunales, expedientes judiciales, etc.

En clara desprotección de este valioso patrimonio documental y del acceso de los ciudadanos a la información, en abril de 2024, el Ministerio de Cultura del Perú, firmó un acuerdo con el presidente del Poder Judicial, para desalojar desalojar el espacio que ocupa el AGN en el Palacio de Justicia. El acuerdo pretende acatar un fallo judicial en última instancia de mayo de 2022, en el que el Poder Judicial desconoce la copropiedad del Palacio de Justicia, actuando como juez y parte, y fallando en favor de sí mismo. Esta vulneración del derecho de propiedad del AGN sobre el espacio que ocupa en el Palacio de Justicia desde 1942, se inicia en 2002, cuando el Poder Judicial inició un proceso de inscripción de la propiedad ante Registros Públicos, sin notificar al AGN como copropietario, a la espera de que expirara el plazo de ley para presentar oposición. Con este acuerdo se pretendió trasladar el AGN a un local alquilado por una importante suma monetaria, que no cumplía con las condiciones adecuadas para albergar documentación histórica, como corroboró en diversos informes el propio Ministerio de Cultura y la Contraloría General de la República.

La acción del colectivo AGN no se va, liderado por un grupo de historiadores/as ha permitido movilizar a la sociedad civil en defensa de su patrimonio archivístico y evitar ese traslado. Con el respaldo de la Academia Nacional de la Historia y el apoyo de la prensa independiente, diversos sectores del mundo académico, de la comunidad de conservadores y archiveros y de la sociedad civil se han manifestado en protección del patrimonio documental del Perú. A pesar de ello, el peligro persiste porque el AGN no cuenta con un local propio.

The topic of colonial archives is mainly addressed in professional literature in English, by English-speaking countries or those where English is the primary language of international communication. This does not mean that French-speaking countries are not undertaking several initiatives in this area. The aim of the presentation is to provide a Franco-Belgian perspective on the subject, drawing from the experience gained both separately through actions carried out within each country.

The authors of this communication are working together as part of the European project entitled “Pour des Archives coloniales francophones appréhendées de manière Inclusive et Equitable”. Within this framework, they have explored and reflected on the key challenges surrounding the management of colonial archives. These challenges include issues of access, description, communication, and the varying approaches taken to these archives. The aim of this communication is to highlight these differences and offer a non-French-speaking audience an insight into how colonial archives are managed in two French-speaking countries.

In Belgium, colonial archives have recently received unprecedented attention, signaling a major shift after decades of relative obscurity. This renewed focus has led to several significant developments. The Transfer of Archives: Colonial records, previously held by the Ministry of Foreign Affairs (the legal successor to the Ministry of Colonies), are currently being transferred to the State Archives. This process includes a comprehensive review of access conditions and the creation of updated tools to facilitate access to these collections. The edition of a comprehensive Archival Guide: A detailed guide has been published, providing access to all colonial archives available in Belgium. This includes private collections, corporate records, public archives, and religious archives, offering researchers a valuable roadmap for their investigations. Digital Access through the COSO Project: An ambitious initiative has been launched to digitize a wide range of colonial archives, significantly enhancing their accessibility for researchers and the public alike.

In France, the subject of colonial archives is more complex, due to the longer duration and complexity of French colonial history. Colonial archives are the responsibility of several government departments (Foreign Affairs, Defence, Culture with the National Overseas Archives), and the fate reserved for the archives of the various territories placed under French authority has not been uniform. This explains why the issue of colonial archives is not limited to displaced archives, but also includes the memory of slavery and the history of repressive operations (the Algerian war of independence, the repression of independence movements in Cameroon, the massacre of African soldiers in Senegal in 1944, etc.).

Para ilustrar los múltiples valores de los archivos en las políticas de transición, la experiencia aborda la importancia de los ejercicios de conformación y activación de los archivos por parte de comunidades y victimas de las violencias, y rescata de qué forma, la implementación de metodologías colaborativas permite el diálogo entre estado y comunidades alrededor del propósito de construir políticas para la protección y difusión social de este legado documental y testimonial.

La implementación de instituciones de esclarecimiento de la verdad y a la promoción de la memoria histórica en Colombia ha implicado la apertura de un campo tensiones y encuentros entre las entidades estatales, las organizaciones de sociedad civil y comunitarias alrededor de la importancia de los archivos comunitarios en las políticas transicionales. Instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica, creado en el año 2011, y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, con mandato entre los años 2018 a 2022, para desarrollar sus labores de investigación, han recibido el aporte de documentos, testimonios e información de parte de organizaciones sociales y comunitarias, y en tal sentido, han sido vistas como escenarios para la visibilización de nuevas comprensiones de la historia y de sus fuentes. De parte de las organizaciones sociales y comunitarias esto ha implicado el desarrollo de una intensa labor de documentación, registro y conformación de archivos para posicionar sus entendimientos acerca de lo ocurrido, y al mismo tiempo, para que sus archivos y testimonios sean reconocidos como fuentes legítimas para el conocimiento de la historia. Para llevar a cabo estos ejercicios, han surgido en el contexto colombiano metodologías participativas con múltiples propósitos como facilitar los diálogos entre estado- comunidad y circular públicamente las comprensiones de la historia que han surgido desde la perspectiva comunitaria.

Algunas de las características de estas experiencias de investigación son las siguientes:

a)Reconocen la importancia de los archivos comunitarios para la exigencia de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad;

b) fomentan la activación colectiva de los archivos en experiencias de memoria pública que implican diversos repertorios investigativos, artísticos, pedagógicos, literarios, entre otros;

c) animan el reconocimiento de las diversas expresiones comunitarias y sociales de las prácticas de archivar y documentar para la protección de patrimonio documental;

d) reconocen el valor pedagógico de los archivos como instrumentos para el conocimiento de la historia en el sistema educativo y en espacios comunitarios. La ponencia presenta experiencias en este campo en aras de recuperar lecciones aprendidas, buenas prácticas pedagógicas e investigativas que dan cuenta de los valores socioculturales de los archivos, y entre ellos, su importancia pedagógica para la construcción de memorias públicas democráticas.